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¿Qué determina la búsqueda de ayuda en casos de violencia intrafamiliar? 
Violencia Intrafamiliar. Solo el 50% de mujeres que afrontan este tipo de situaciones busca atención o ayuda. En el área rural esta cifra desciende al 40%.
Independientemente de la condición socioeconómica, las situaciones de violencia intrafamiliar son generalizadas en la población ecuatoriana; sin embargo, las cifras señalan que las acciones para afrontarla varían de acuerdo al nivel de instrucción de la persona agredida.
De acuerdo a las cifras publicadas por la organización CEPAR, responsable de la ejecución de la Encuesta Demográfica de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN 2004), en Ecuador la violencia intrafamiliar es una situación frecuente que, al menos 2 de cada 5 mujeres casadas o unidas, enfrentan día a día.
El referido análisis, que consulta exclusivamente a mujeres de entre 15 a 49 años, también señala que si se trata de violencia verbal o psicológica, esta cifra alcanza un 41%. En el caso de violencia física y sexual, las estadísticas señalan que de este grupo poblacional un 31% y un 12% afrontan esta situación, respectivamente.[1] El presente análisis tiene por objeto referir algunos datos sobre las reacciones de la población femenina en el país ante situaciones de violencia intrafamiliar.
Para poder referir estas cifras, se considera necesario exponer el carácter cíclico de la violencia intrafamiliar, en el cual se han identificado cuatro fases (Gráfico 1).[2] La primera corresponde a la fase de tensión, en la cual se presentan  altercados –no considerados violentos por sí mismos– y puede tener una duración de semanas o incluso meses. La segunda etapa se denomina fase de explosión de la agresión en la cual se produce el hecho catalogado como violento; usualmente corresponde a una fase breve. Prosigue una etapa de aislamiento o separación temporal, durante la cual la persona agredida toma alguna acción frente al hecho de violencia; dicha acción puede ser pasiva (aislamiento) o puede ser activa (búsqueda de apoyo de un familiar, plantear una denuncia, acudir a un centro de ayuda, etc.). Finalmente, la fase de reconciliación-arrepentimiento, que es la que –sin un plazo fijo– propicia que agresor y agredida retomen su relación sentimental.
En esta última etapa es recomendable la búsqueda de orientación profesional, con el fin de que progresivamente se vaya superando la relación de dependencia; una condición que deteriora la relación de la pareja como consecuencia de un escaso desarrollo individual. Sin el acompañamiento psicológico adecuado, pronto la familia en su conjunto verá afectado su bienestar a nivel “afectivo, cognitivo y conductual”.[3] La ENDEMAIN señala que, en promedio, únicamente el 46% del total de las mujeres agredidas a nivel nacional “busca atención o ayuda”. Al desagregar esta cifra se obtiene que en la zona urbana, al menos el 50% de ellas realiza alguna acción. En el sector rural, este mismo indicador desciende a 40%.
Otro aspecto a considerar es que, tal como se puede observar en el Gráfico 2, esta cifra se establece en un 44% para aquellas personas con ningún nivel de instrucción y aumenta a 58% cuando la víctima cuenta con un nivel de instrucción “superior”. A pesar de esta diferencia que plantea el grado de escolaridad, las cifras demuestran que en promedio el 50% de mujeres no toma acción alguna en situaciones de violencia intrafamiliar.
La encuesta en estudio indica que existen diversas razones que las agredidas argumentan para no buscar ayuda, la primera de ellas un sentimiento de vergüenza frente a los hechos (40%), seguida del miedo a represalias (22%). Otras razones menos frecuentes pueden ser el desconocimiento de las instancias –pública o privada– a las que se puede acceder; o la creencia por parte de la víctima de que puede solucionarlo sola. De la misma forma, la percepción de que “las autoridades no la van a ayudar”, de que estos hechos “no van a volver a ocurrir” o de que “él va a cambiar”, pueden desincentivar que una víctima de maltrato tome alguna acción para afrontar el problema. La Lcda. Italia Palacios, profesional en el tema, concuerda en que la baja autoestima, el miedo o vergüenza y la autoexclusión de la familia resultan determinantes al momento de buscar ayuda.
 Dentro de la fase de aislamiento, que es donde se decide la acción a tomar, existen diversas circunstancias que pueden incidir en la decisión. La más frecuente de ellas podría estar relacionada con el daño causado indirectamente a los hijos de la pareja. Tal como lo hizo Rocío, de 24 años y habitante del cantón Guano de la provincia de Chimborazo, al decidir salir de su casa “porque su bebé sufría mucho por los gritos”. Asimismo, Teresa, del cantón Daule en la provincia del Guayas, señala que “no fueron los golpes que le daba a ella sino cuando se metió con su hijo” lo que la motivó a actuar frente a esta situación de abuso.
Dentro de las opciones a considerar para obtener orientación o asistencia, se puede mencionar a las organizaciones sin fines de lucro como la Corporación Hogar de Cristo, que tiene el programa Casa de Acogida, donde albergan provisionalmente a la persona violentada en el caso de que el agresor represente un riesgo para su vida. Otras organizaciones ofrecen orientación y patrocinio legal, como es el caso de Fundación María Guare.
Según lo expuesto, a pesar de que la oferta de ayuda y atención puede promoverse desde diversas instancias públicas o privadas, son las organizaciones de la sociedad civil quienes han logrado viabilizar una intervención más integral y articulada entre los diversos prestadores de servicios de atención; por ello, se considera recomendable el fortalecimiento de estas iniciativas –ya validadas por las propias usuarias– a través de financiamiento que proceda del sector privado interesado en colaborar con dichas iniciativas (bajo incentivos de reducción de impuestos, por ejemplo). El rol de las instancias públicas se concentraría en la verificación de que los recursos entregados han sido utilizados conforme a las propias metas que se plantearon las organizaciones de la sociedad civil.
[1] Para una ampliación de las definiciones véase la publicación CAP No. 197
[2] Basado en el documento “Normas y Protocolos de atención integral de la violencia de género, intrafamiliar y sexual por ciclos de vida, Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
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