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Ley Orgánica que regula los Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua
Elaborado por la Presidencia de la República, y presentado a la Asamblea Nacional para su discusión.
Análisis
En el presente documento se analizan los cambios realizados al proyecto de Ley Orgánica que regula los Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua que se encuentra en segundo debate, en relación al documento previamente analizado[1] en primer debate.
- 1. Aprovechamiento productivo del agua
En el documento analizado en primer debate, se establecía que solo se podía otorgar autorización para el aprovechamiento productivo del agua a las personas naturales o jurídicas y, a las entidades del sector público o privado de la economía popular y solidaria que se hayan convertido en empresas en las que el Estado tenga mayoría accionaria. Adicionalmente, era necesario contar con el consentimiento de las poblaciones afectadas.
Sin embargo, el proyecto actual concede la posibilidad de que las empresas privadas participen en este aprovechamiento. Además, se elimina el requisito de contar con el consentimiento de las poblaciones afectadas por el aprovechamiento del agua.
Esto resulta positivo, puesto que incentiva la inversión en todo tipo de proyectos que impliquen la utilización del agua para su aprovechamiento productivo. Tal es el caso, por ejemplo, de la inversión en actividades de generación de hidroelectricidad, las cuales contribuirían a aumentar la oferta energética del país.
2. Cancelación de concesiones de aprovechamiento de aguas termales
Se elimina el requerimiento de constituirse en empresas mixtas con mayoría estatal, para obtener la renovación de las autorizaciones adquiridas por personas naturales o jurídicas privadas para la utilización de aguas termales y medicinales.
No obstante, dentro de las disposiciones transitorias del proyecto actual se establece que la Autoridad Única del agua, tiene un plazo de 180 días para cancelar las concesiones de aprovechamiento de aguas termales que no tengan título legal sobre la tierra donde se encuentran ubicadas las instalaciones de aprovechamiento y las fuentes ubicadas en tierras comunitarias.
Sin embargo la eliminación del requerimiento de constituir empresas mixtas resulta contradictoria con este nuevo requisito. Si lo que se busca es no perjudicar a este sector, se debería simplificar el proceso de adquisición de las tierras y el marco regulatorio existente, con el objetivo de dar la seguridad necesaria a sus propietarios, y así incentivar la inversión y el desarrollo del sector.
- 3. Autorizaciones de aprovechamiento en fuentes de agua
Se establece la prohibición de otorgar autorizaciones de aprovechamiento productivo de agua para explotación minera a realizarse dentro de las áreas de influencia de las fuentes o nacientes de agua.
No obstante, cabe recordar que en el Ecuador existen 83 ríos principales[2], lo cual lo convierte en uno de los países más ricos en recursos hídricos y regiones altoandinas, con importantes fuentes productoras de agua permanente. Adicionalmente, existen 12 cuencas hidrográficas en el país.
En este sentido, prohibir las actividades mineras en áreas de influencia de las fuentes o nacientes de agua limitaría en gran medida los lugares donde podrían realizarse estas actividades.
- 4. Aprovechamiento de agua en acuicultura y piscicultura
El proyecto analizado en primer debate prohibía el otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento productivo en manglares, para ejercer actividades acuícolas mediante la cría y cultivo de especies bioacuáticas. Sin embargo, el proyecto actual establece que podrán obtener y renovar dicha autorización, quienes hubieren cumplido con el proceso de regularización establecido en las disposiciones transitorias del reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero[3]. Adicionalmente, se establece el cobro de una tasa o tarifa cuando dicho aprovechamiento sea “consuntivo”.
Entre las disposiciones transitorias de este reglamento, se encuentran: las limitaciones en las extensiones de terreno para el cultivo, hasta 50 hectáreas para las personas naturales y 250 hectáreas para las jurídicas; la prohibición de vincularse con otras personas jurídicas con la finalidad de obtener una mayor extensión a la señalada; la reforestación en caso de tala de manglares; nuevos permisos ambientales y requerimientos laborales.
Cabe recordar que los principales cultivos del sector acuícola en el Ecuador son: el camarón y la tilapia. No obstante, su producción está destinada casi en su totalidad a la exportación, constituyendo por lo tanto, un sector que se beneficia de las economías de escala[4].
- 5. Nueva infracción
Se constituye como nueva infracción administrativa el “desperdiciar el agua por una excesiva o abusiva utilización del recurso”.
Sin embargo, esta disposición resulta altamente subjetiva, ya que no se define cuando debería considerarse que la utilización del agua es “excesiva o abusiva”.
Esto podría dar lugar a que existan arbitrariedades o discrecionalidades en las sanciones administrativas.
[1] Reseñas Legislativas No. 148 y 149.
[2] Yaku, Museo del Agua.
[3] Al respecto, recomendamos leer el Análisis de Coyuntura Económica No. 154.
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